Terrorismo, violencia y manipulación electoral: el caso peruano entre 2016 y 2025
Terrorismo, violencia y manipulación electoral: el caso peruano entre 2016 y 2025
El terrorismo, según el artículo 318 del Código Penal del Perú, se define como la comisión de actos de violencia con la finalidad de provocar alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, con fines políticos o ideológicos. A nivel internacional, las Naciones Unidas lo describen como una estrategia que recurre a la violencia o a la amenaza de violencia para generar miedo y coaccionar a gobiernos o sociedades con el propósito de alcanzar objetivos políticos, religiosos o ideológicos.
Diferenciar el terrorismo del crimen organizado es clave: mientras este último actúa con fines económicos —como el narcotráfico, la minería ilegal o como herramienta pro-impunidad y corrupción—, el terrorismo busca impactar psicológica y políticamente a la sociedad. La confusión entre ambos fenómenos puede tener graves consecuencias, especialmente cuando se instrumentaliza políticamente en contextos electorales o para acallar los reclamos legítimos de la población.
Entre 2016 y 2025, el Perú ha enfrentado episodios de violencia en coyunturas críticas. En 2016, una emboscada en Junín, ocurrida un día antes de las elecciones, dejó once muertos. En 2021, en plena segunda vuelta electoral, 16 personas fueron asesinadas en San Miguel del Ene, acompañadas de amenazas dirigidas contra votantes. Ambos sucesos, atribuidos a remanentes subversivos, generaron un clima de miedo que favoreció discursos autoritarios.
En marzo de 2025, el ataque a la minera Poderosa en Pataz, que dejó 13 muertos, fue presentado por algunos sectores como un acto terrorista. Este discurso, además, termina por santificar a la minería reconocida por el Estado, denominada “legal”, que continúa contaminando y afectando gravemente a poblaciones y territorios. Sin embargo, hay indicios que apuntan a disputas por el control de actividades mineras ilegales, sin motivación ideológica aparente. Todo ello sugiere una manipulación del término “terrorismo” con fines políticos, en vísperas de un nuevo proceso electoral, mediante una ley que el Congreso busca imponer.
La instrumentalización del miedo ha sido una constante. Usar la etiqueta de terrorismo para calificar toda forma de violencia urbana, rural o criminal desvía el debate y refuerza propuestas de orden autoritario. Esta estrategia no solo banaliza un concepto jurídico fundamental, sino que pone en riesgo la salud democrática del país en este actual período de asesinatos indiscriminados, prostitución en esferas congresales, cobros ilegales, sicariato, y asesinatos de humildes trabajado. Pese a que las elecciones están convocadas la población asqueada sigue en la justa exigencia de “¡Que se vayan todos!”.
Increpamos a las autoridades, medios de comunicación y actores políticos a hacer un uso responsable de los términos y a distinguir con claridad entre el crimen organizado y la violencia con fines ideológicos. Asimismo, saludamos que la población civil y el movimiento popular hayan decidido alzar su voz de protesta este 14 de mayo en una convocatoria que esperamos sea unitaria y general: los gremios, choferes, Gamarra, sindicatos, cantantes, artistas, población en general.
¡Exigimos a las autoridades escuchar este legítimo reclamo!
Perú, Canadá y Europa, 10 de mayo de 2025.